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aspectos sociales, económicos y éticos de la crisis energética nicaragüense desde la perspectiva de la Red Nacional de Defensa del Consumidor del país, que desde hace más de tres años viene elaborando creativa y tenazmente proyectos de ley y propuestas, haciendo estudios de investigación y organizando denuncias y movilizaciones.
Cuando uno sigue el hilo de lo que ocurre en el sector eléctrico nicaragüense, se da cuenta de que estamos ante uno de los mayores fracasos de la clase política que ha gobernado este país. La electricidad es fundamental para las posibilidades de desarrollo de un país y para mejorar la calidad de vida de su población, pero Nicaragua no hizo las inversiones necesarias en el momento oportuno para dotarla de manera suficiente. Y actualmente estamos viviendo las consecuencias de esa irresponsabilidad y falta de visión estratégica.
los Somozas y los SandinistasEn los años 40 la electricidad en Nicaragua se generaba a través de pequeñas hidroeléctricas y turbinas de vapor del sector privado que atendían principalmente al sector industrial, aunque algunas también ofrecían este servicio a las zonas residenciales de las principales ciudades. Con estos métodos, el Estado proporcionaba menos del 30% del suministro nacional en 1945, que ascendía a 67 gigavatios/hora (GW/h). Con el paso de los años, esta situación se invirtió, ya que el Estado empezó a invertir y a comprar las centrales privadas existentes tras la decisión, en los años cincuenta, de asumir un papel predominante en la producción de electricidad. En 1954 creó ENALUF y un año después la Comisión Nacional de Energía como organismo regulador. Para 1957 las plantas obsoletas estaban siendo sustituidas por la planta de vapor de Managua, que extendía el servicio a toda la región del Pacífico, y el Estado contaba con un plan de inversiones que comenzó con los estudios y la posterior construcción de la planta hidroeléctrica Centroamérica, de 50 megavatios (MW), en Jinotega, y la planta hidroeléctrica Santa Bárbara, en Ciudad Darío. En 1963, el país producía 241 GW/h, de los cuales 198 procedían de recursos térmicos. Sólo el 32% era de generación privada.
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El Gobierno portugués está a punto de finalizar los 200 MW de la tercera fase de su programa de contratos de concesión para la producción de energía eólica, con la mayor concesión ya adjudicada a Enel Union Fenosa Energías Renovables (EUFER) para construir dos parques eólicos con una capacidad combinada de 50 MW en Torre de Moncorvo. El objetivo de la Fase C, lanzada en mayo del año pasado, es fomentar proyectos de menor escala para complementar los grandes parques eólicos que se están construyendo en las dos primeras fases de la concesión, en 2006 y 2007, en las que se pondrán en marcha 1.600 MW.La concesión de la Fase C marca el debut de EUFER en Portugal, donde pretende alcanzar una cuota del 10% en los mercados de distribución de electricidad y gas en un plazo de dos años. Está previsto que los dos parques eólicos, cuyo precio es de 70 millones de euros, entren en funcionamiento para entonces, según Luís López, de la empresa. La empresa india Suzlon suministra las turbinas, su primera venta a Portugal. EUFER es una empresa conjunta al 50% entre la italiana Enel y la española Unión Fenosa.
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Las empresas participantes incluyen generadores de energía hidroeléctrica Hidroxacbal y Renace, así como Generadora del Norte, Puerto Quetzal Power (PQP), Generadora del Este (en conjunto con Electrogeneración), la planta de energía de La Laguna, Duke Energy International y el proyecto de cogeneración de Magdalena.
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El objetivo declarado del Tribunal Permanente de los Pueblos, creado en 1979 como sucesor de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras latinoamericanas (1974-1976) es hacer visibles y calificar jurídicamente todas aquellas situaciones en las que la violación masiva de los derechos humanos fundamentales no encuentra reconocimiento ni reparación institucional, ni a nivel nacional ni internacional. A lo largo de 25 años de historia y a través de 33 sesiones, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha acompañado, anticipado y apoyado la lucha de los pueblos contra las violaciones de los derechos humanos fundamentales, incluyendo la negación de la autodeterminación, las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras, la esclavitud económica y la destrucción del medio ambiente.
El Tribunal ha iniciado una sesión atípica dentro de su trayectoria, ya que se trata de una sesión que se compone de varias Audiencias que se celebran en distintos momentos para examinar de cerca el tipo de intervención que realizan las Empresas Transnacionales (ETN) en sus diversos ámbitos de actuación. Esto proporcionará al Tribunal una oportunidad privilegiada que le permitirá observar directamente las prácticas económicas que tienen un profundo efecto sobre los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y medioambientales de los residentes de los diferentes países donde operan las ETNs.